La aplicación que se tomó desde el inicio del sexenio de Calderón en 2006 para dejar de subsidiar el IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) y que durará hasta el 2014, con el fin de establecer el precio de la gasolina nacional con la extranjera en especial con la del país vecino Estados Unidos, mejor conocido como el gasolinazo.

 

Esta iniciativa se rige en base a dos objetivos, el primero a ir aumentando gradualmente el precio del combustible, para atenuar el impacto que se recibe por parte la sociedad en general y el segundo el incremento de la gasolina y el diesel para evitar un deterioro permanente en las finanzas publicas del país.

 

El ajuste que realiza en los precios el segundo sábado de cada mes es de nueve a once centavos lo que causa un impacto de .01% mensual sobre la inflación. En julio de este año el costo llegó a los 11.58 pesos el litro de magna, 12.14 pesos la Premium y el diesel alcanzó los 11.94 pesos.

 

Lo que se ve reflejado en los bolsillos de todos los mexicanos, en especial afecta a las familias de la clase media y baja, ya que al subir la gasolina, la canasta básica y los medios de transporte aumentan sus costos. El traslado de los alimentos de un lugar a otro causa un gasto extra en el combustible, por ende los productos se encarecen.

 

El transporte público se ve afectado de la misma forma, y se ven obligado a aumentar sus tarifas, en las que una persona que debe trasladarse hacia su trabajo, escuela o cualquier otra actividad invierta el 80% de un salario mínimo en pasajes.

Lo que necesita este país es una reforma hacendaria y energética que se encargue de regularizar y encontrar el sistema más eficaz para controlar los precios, para ayudar a la mejora y avance del país. Si el costo de la energía continua aumentado hace más difícil que la industria fluya y crezca de manera solida.